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II. LOS FAMILIARES DE CIUDADANOS DE LA UNIÓN.

Los familiares que se encuentran amparados dentro de la normativa comunitaria y que, por lo tanto, tienen derecho a solicitar una autorización de residencia por ser familiar de ciudadanos de la Unión son el cónyuge o pareja de hecho y  descendientes y ascendientes directos tanto propios como de su cónyuge.

Los requisitos para obtener la misma varían considerablemente en función del grado de parentesco con el ciudadano de la Unión, pero existen unos requisitos comunes a todos ellos: el ciudadano que genera el derecho para obtener la autorización de residencia debe acreditar que se encuentra de alta en la Seguridad Social (tanto por cuenta ajena como propia), en situación asimilada al alta (beneficiario de una prestación por desempleo, etc.), o bien que dispone de ingresos suficientes para que el familiar no se  convierta en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia.

La valoración de la suficiencia de medios económicos se efectuará de manera individualizada y, en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante. Se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva (para el 2015 se ha fijado en 5136.60€/anuales, y sumaremos la cuantía de 3595.62€ por cada familiar adicional que conviva con el ciudadano comunitario. Así, si conviven dos personas los medios económicos que deberemos aportar será de 8732.22€).  En este último caso, y dado que el familiar no se encuentra cubierto por la Seguridad Social española, deberá además aportar un seguro médico público o privado que garantice dicha cobertura en nuestro país en las mismas condiciones que la Seguridad Social española, es decir, sin copagos y que incluya hospitalización.

EXPERIENCIA PRÁCTICA: Si el ciudadano de la Unión se encuentra dado de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada a la del alta no será necesaria la aportación de nóminas o certificados que acrediten los ingresos mensuales de éste. En cambio, si éste se encuentra percibiendo una pensión de jubilación, incapacidad permanente, etc. deberá demostrar que la cuantía que percibe por dicho concepto supera el importe que cada año fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado (para 2 personas 623.51 €/mes, durante el año 2015).

La solicitud se deberá presentar por el extranjero, personalmente, si es mayor de edad o su representante legal en caso de tratarse de descendientes menores de edad. Igualmente deberá ir firmada por el ciudadano de la Unión que da derecho a la obtención de la autorización de residencia. En caso de descendientes mayores de 21 años o ascendientes éste deberá comparecer personalmente y firmar una declaración de responsabilidad económica.

La documentación que se deberá aportar junto con la solicitud será:

-         Pasaporte en vigor

-         1 fotografía

-         Documentación que identifique al ciudadano de la Unión que da derecho a la obtención de la autorización de residencia

-         Volante de convivencia

-         Medios económicos

-         En su caso, seguro médico privado. Será necesario la aportación del mismo en el caso de descendientes mayores de de 26 años así como ascendientes, los cuales se encuentran excluidos de la cobertura facilitada por la Seguridad Social. También será necesario la aportación del mismo cuando el ciudadano de la Unión no se encuentre en situación de alta o asimilada al alta.

-          Acreditación del vínculo de parentesco con el ciudadano de la Unión.

-          Si se trata de hijos mayores de 21 años o ascendientes, deberemos aportar documentación acreditativa de la dependencia económica con el ciudadano de la Unión. A estos efectos, se podrá aportar transferencias bancarias realizadas durante el último año, certificado de estudios realizados por el solicitante, certificado emitido por las autoridades de su país donde conste que no ha trabajado ni percibe pensión  alguna, etc.

El plazo para resolver por parte de la Administración será de tres meses.  La resolución favorable tiene efectos desde la fecha acreditada de entrada en España o en caso contrario desde la fecha de la solicitud.

La validez de dicha autorización será de cinco años pero no tendrá la consideración de autorización de residencia de larga duración (a efectos de renovación, tiempos de ausencia del país, etc).