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4.4. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

 

Cuando hablamos de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, lo normal es pensar que efectivamente las circunstancias que conllevan a la obtención de este tipo de autorización son, precisamente, excepcionales. La realidad nos lleva a pensar todo lo contrario, pues dentro de las circunstancias excepcionales se engloban entre otras, la autorización de residencia por arraigo (en todas sus vertientes: laboral, social y familiar), protección internacional, razones humanitarias (víctimas de delitos, enfermedad sobrevenida o peligro en caso de retorno al país de origen), colaboración con autoridades públicas, u otras circunstancias. Si bien es cierto que estas últimas son efectivamente excepcionales, la autorización de residencia por arraigo se ha convertido en la vía de regularización de los extranjeros que se encuentran en España en situación irregular y por lo tanto una de las más utilizadas.

A lo largo de esta GUÍA analizaremos cada una de estas autorizaciones; los requisitos que se deben cumplir para acceder a las mismas, así como el procedimiento de obtención y renovación o modificación de éstas.

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR ARRAIGO

Como ya hemos anunciado, dentro de las autorizaciones de residencia por arraigo, se encuentra el arraigo laboral, social y familiar, cada una de ellas con unas características propias que a continuación detallamos.

I.- ARRAIGO LABORAL: En un primer momento, se pensó que efectivamente ésta sería una de las vías más utilizadas por el extranjero que se encontraba en España y que podía acreditar la existencia de una relación laboral. El principal problema con el que nos encontramos es poder probar dicha relación laboral dado que únicamente se admitirán como medio de prueba la resolución judicial que efectivamente reconozca dicha relación laboral o la resolución administrativa por parte de la Inspección de trabajo. Con esto se pretende que el extranjero denuncie al empleador que le ha proporcionado trabajo durante como mínimo seis meses para poder acceder a esta autorización.

EXPERIENCIA PRÁCTICA: La mayoría de las veces en la que el extranjero acude a esta vía se ve obligado por la carencia de disponer de un contrato de trabajo. Para poder obtener una resolución judicial o administrativa la persona debe interponer una demanda laboral o una denuncia ante la Inspección de Trabajo, y normalmente a esta vía se acude de forma residual, cuando después de una relación laboral éste ha sido despedido sin motivo ni indemnización alguna o arrojado por la falta de un contrato que le permita la obtención de su documentación por otra vía. Igualmente, cabe hacer referencia al temor que tienen muchos a una posible expulsión si se acude a la Administración o  a los Juzgados, así como a lo dilatado del procedimiento, dado que ante el colapso de los Juzgados Sociales, desde la presentación de la demanda hasta la obtención de una Sentencia puede demorarse meses e incluso años. Además, indicar que para obtener una Sentencia donde se acredite la relación laboral, debemos acudir al Juzgado provisto de pruebas que acrediten la existencia de dicha relación laboral.

La solicitud de la autorización de residencia se presentará personalmente ante la Oficina de Extranjería de la provincia donde éste tenga fijada su residencia.

A la misma se deberá acompañar la siguiente documentación:

* Pasaporte en vigor

* Certificado de antecedentes penales emitido por las Autoridades del país en los que haya residido los últimos cinco años anteriores a la entrada en España.

* Documentación acreditativa de la permanencia en España durante un mínimo de dos años. A estos efectos servirá cualquier prueba válida en Derecho, tales como padrón, denuncia policial, hospitalización, etc.

* Resolución judicial o administrativa por la que se reconozca la relación laboral de una duración no inferior a seis meses.

Una vez presentada la documentación a Administración comprobará de oficio la inexistencia de antecedentes penales ni policiales y dictará una resolución en el plazo máximo de tres meses por la que se concede dicha autorización de residencia por arraigo laboral.

La duración de la misma será anual y autorizará a su titular a trabajar tanto por cuenta ajena como propia sin limitación alguna, ni sectorial ni geográfica.