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4.4.5. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO DE EXTRANJEROS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS.

 

La autorización de residencia por circunstancias excepcionales por ser víctima de trata de seres humanos reviste, por sus características un análisis individualizado. Desgraciadamente este es un tipo de delito que se produce en España pero que pocas veces contamos con la colaboración de la víctima del mismo. Normalmente el miedo a futuras represalias así como la no consciencia de estar siendo víctima del mismo hacen que se hayan creado unidades especiales dentro de las autoridades policiales para la prevención y lucha contra la trata de seres humanos así como la identificación de sus víctimas. En este caso, únicamente se concederá esta autorización a la víctima, no a perjudicados ni a testigos, así como los hijos menores de edad que se encuentren en España en el momento de la identificación de la víctima de este delito.

El procedimiento de solicitud de dicha autorización de residencia se hará una vez se haya identificado al extranjero como víctima de trata de seres humanos por parte de la unidad policial. La solicitud se deberá realizar en la Oficina de Extranjería del lugar donde la víctima haya fijado su residencia, la cual remitirá un informe sobre la situación administrativa y personal del extranjero a la autoridad competente (Secretaría de Estado de Seguridad o a la Secretaría de Inmigración y Emigración, según el caso) para que esta resuelva. El mero informe positivo por parte de la Subdelegación comportará la autorización de residencia provisional, de duración anual.

Si la resolución definitiva del procedimiento es favorable, la duración de la autorización será de cinco años y permitirá acceder al mercado laboral al titular de la misma, debiendo solicitar la correspondiente expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros ante la Comisaría Nacional de Policía.

Al igual que en otras autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, cabe la posibilidad de solicitar el retorno asistido a su país de procedencia. No obstante, todo ello dependerá de la disponibilidad presupuestaria y la voluntad de la Administración, pues estos términos no quedan suficientemente detallados en la normativa de extranjería, por lo que en este sentido, la Administración goza de un amplio margen de discrecionalidad.